Innovación pública: análisis de brechas y oportunidades estratégicas

Chile no tiene un problema de falta de instrumentos, capacidades ni discursos sobre innovación pública. Tiene un problema de arquitectura, de gobernanza y de sentido. Esa es la conclusión central de Innovación pública: análisis de brechas y oportunidades estratégicas, el documento técnico que Juan Felipe López elaboró para el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (Consejo CTCI), como insumo para la actualización de la Estrategia Nacional de CTCI 2026.

El documento combina un análisis comparado de enfoques internacionales con un diagnóstico de las capacidades, marcos normativos e instrumentos que existen hoy en Chile. Para ello, incluyó un taller con expertas y expertos en innovación pública, realizado en noviembre de 2025, y entrevistas con personas que han diseñado, implementado y evaluado iniciativas de innovación en el Estado. Su premisa es clara: la innovación pública es una función sistémica del Estado, no una suma de proyectos aislados.

De la eficiencia al valor público

El documento parte de un cambio de paradigma. La gestión pública ha ido dejando atrás la lógica de la eficiencia para orientarse a la creación de valor público, donde el éxito se mide por resultados socialmente valiosos y por su legitimidad democrática, y no solo por el costo o la velocidad de los procesos. Desde esa mirada, propone entender la innovación a partir de tres ejes que deben gestionarse juntos, porque la debilidad de uno arrastra a los otros. El primero es la misión: el «para qué», es decir, los problemas públicos prioritarios y los objetivos que orientan la acción. El segundo es el eje institucional: el «con qué» y el «cómo», o sea, las estructuras, reglas, capacidades y financiamiento que sostienen la innovación en el tiempo. Y el tercero es la experimentación: el «dónde y con quién» se aprende, a través de prototipos, pilotos y evaluación, entendidos como una forma de democracia experimental.

El análisis internacional deja también una advertencia. La experiencia de la última década muestra que muchos laboratorios de innovación pública dependieron de liderazgos individuales o de financiamiento transitorio, y terminaron por desaparecer. Es lo que se ha llamado «laboratorismo»: una innovación confinada a unidades aisladas que no logran transformar el núcleo del Estado. La lección es directa: sin institucionalización, la innovación se disuelve.

Lo que tiene Chile, y lo que le falta

Chile cuenta con recursos valiosos. Entre ellos destacan la Red de Innovadores Públicos, que reúne a más de 30.000 personas, el Índice de Innovación Pública, los Desafíos Públicos de ANID y la política de compra pública de innovación de ChileCompra. Pero operan de forma fragmentada. El documento identifica brechas estructurales que impiden que la innovación funcione como un sistema: pilotos que no escalan por la rigidez presupuestaria, datos dispersos entre ministerios, una digitalización que avanza más rápido que los marcos éticos para la inteligencia artificial, procesos de cocreación que a veces son solo simbólicos y la ausencia de un marco legal que proteja la experimentación en el Estado. A eso se suma una cultura del «cero error» que inhibe el aprendizaje y la colaboración.

Cinco orientaciones para fortalecer la innovación pública

Más que crear nuevas instituciones, el documento propone ordenar y dar sentido estratégico a lo que ya existe, a partir de cinco orientaciones:

• Instalar una visión compartida del valor de innovar. La innovación necesita un relato común que la reconozca como una función estratégica del Estado y no como un esfuerzo accesorio. Innovar es también una forma de cuidar el Estado y su vínculo con la sociedad.
• Devolverle relevancia y sentido. La innovación debe concentrarse en los problemas críticos del Estado, aquellos que afectan su legitimidad y su capacidad de acción. Cuando se limita a lo marginal, se vuelve prescindible y fácil de recortar.
• Desarrollar capacidades desde las personas. No se puede exigir innovación a equipos que trabajan con miedo al error y sin reconocimiento. Las capacidades para innovar son, ante todo, capacidades para generar confianza, dentro de las organizaciones y entre ellas.
• Articular un ecosistema de innovación, ciencia y tecnología. El Estado no debe ser solo un usuario del conocimiento, sino un coproductor de innovación, en colaboración con la academia, el sector privado y la sociedad civil en torno a desafíos públicos compartidos.
• Gobernar los datos y las infraestructuras digitales para el valor público. Los datos y las infraestructuras digitales son bienes públicos estratégicos. Gobernarlos con confianza, interoperabilidad y ética no frena la innovación, sino que es condición para su legitimidad.

¿Quién se hace cargo del estado del Estado?

El documento retoma una pregunta que Juan Felipe viene planteando desde su experiencia en el Laboratorio de Gobierno: quién se hace cargo del «estado del Estado». La respuesta, sugiere, no está en una persona ni en una unidad específica, sino en una función colectiva de cuidado institucional, capaz de preservar y renovar la capacidad del Estado para crear valor público y sostener la confianza ciudadana. En esa línea, propone retomar una idea que quedó pendiente durante la creación del Laboratorio: avanzar hacia una política nacional de innovación pública que reconozca la innovación como una función estratégica, protegida y compartida del Estado.