Tanya Filer: «La digitalización puede impulsar la productividad pero para eso necesitamos creatividad»

Tanya Filer es una destacada experta en innovación pública. “Siempre me han interesado las culturas de la información”, cuenta. “Mi doctorado se centró en el secreto político y la comunicación política en la Argentina de los noventa. Luego, junto a un colega, desarrollé un enfoque de investigación sobre la desinformación en la política electoral, comparando los entornos de información digital en Rusia y América Latina”. De eso ha pasado una década, años en los que Tanya se ha dedicado a la investigación de la creación y el desarrollo sostenible de ecosistemas de innovación GovTech y gobiernos digitales. “A medida de que fui desarrollando mi trabajo, me interesaron cada vez más las posibilidades de utilizar tecnologías digitales y emergentes para satisfacer las necesidades de las personas, en lugar de solo subvertirlas”, explica. 

Ese interés la llevó a fundar el proyecto The Digital State en el Instituto Bennett de Políticas Públicas de la Universidad de Cambridge, que tiene como objetivo examinar y apoyar el rol de los gobiernos como usuarios, desarrolladores y compradores responsables de tecnologías digitales y emergentes. En la universidad de Cambridge, además, Filer imparte clases en el Máster en Políticas Públicas y es profesora asociada del Centro de Estudios Latinoamericanos.

Gracias a su experiencia, en 2020 Tanya creó StateUp, empresa cuyo foco es desarrollar productos y servicios de investigación y asesoramiento, perfeccionamiento profesional y datos e inteligencia para gobiernos, organizaciones internacionales, empresas tecnológicas y organismos de investigación que buscan involucrarse en innovación para abordar las principales necesidades públicas. Algunos de sus clientes son el Parlamento del Reino Unido, el Royal Diwan de Omán y CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Además, enseña educación ejecutiva a políticos y líderes empresariales. 

 

¿Cómo crees que se fomentan los ecosistemas de innovación GovTech y cómo se deben trabajar para que tengan resultados positivos para la ciudadanía y la administración pública?

Pienso en GovTech como parte de las “tecnologías de propósito público” (PPT), definidas por el resultado de abordar las principales necesidades públicas, en lugar de por un comprador específico. Tanto los gobiernos como las organizaciones están adquiriendo tecnología con este propósito, desde la gestión de recursos ambientales hasta productos de financiación comunitaria.

Las PPT se caracterizan por tener una relación particularmente dinámica con los gobiernos y la política. Los gobiernos pueden o no ser compradores directos de PPT, pero ciertamente deben tener suficiente conciencia para diseñar políticas de innovación y entornos regulatorios responsables. Esto no se trata solo de desarrollo tecnológico. Es un enfoque holístico centrado en la tecnología que satisface una gran necesidad pública y la infraestructura -personas, políticas públicas, organizaciones, culturas, inversiones y modelos comerciales-, que la rodea.

 

¿Cuáles son las principales necesidades y desafíos de los gobiernos y las organizaciones que trabajan en innovación pública?

— A pesar de la calidad y la variedad de los desarrollos tecnológicos, muchas veces los gobiernos y el sector tecnológico, incluidas las nuevas empresas, tienen dificultades para colaborar. los empresarios encuentran inescrutables los procesos de licitación y suelen creer que las agencias gubernamentales son de mente cerrada con respecto a las nuevas soluciones. Por su parte, los servidores públicos a menudo se sienten a oscuras cuando se trata de innovación con propósito público. 

En una encuesta reciente, la mitad de 167 ciudades consultadas a nivel mundial manifestaron dificultades para identificar socios y proveedores como uno de los mayores obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien a veces puede ser necesaria una reforma de las adquisiciones, existen innumerables ejemplos de vehículos de adquisiciones existentes, incluidos los enfoques basados ​​en desafíos, que se pueden implementar. El intercambio de conocimientos, y no la ley, es el principal obstáculo. 

En StateUp tenemos un Systems-level approach (o visión de “nivel de sistemas”), y creamos una plataforma y una comunidad para disminuir las brechas entre los mundos de la gobernanza y la tecnología. Para esto, trabajamos particularmente en la infraestructura y el entorno construido, que tiene un impacto fundamental en nuestras vidas. Nuestras plataformas, productos y programas de mejora de capacidades se centran en reducir el riesgo de adopción de la innovación a través de datos y pruebas escalables, y de la creación de redes de alta confianza.

 

En el informe Digital Minilateralism: How governments cooperate on digital governance argumentan la importancia de las redes de líderes pequeñas, ágiles, digitalmente habilitadas y centradas en fomentar una sólida cooperación internacional en temas de gobernanza digital. ¿Qué significa el concepto de “minilateralismo digital” y cómo influye en tecnologías nuevas y emergentes y en cómo se crean políticas en común?

— La crisis global del Covid-19 y las megatendencias emergentes -desde la crisis climática hasta el crecimiento de la población mundial-, han otorgado una nueva urgencia a la cooperación internacional, dando cuenta de una esclerosis creciente dentro del multilateralismo, que incluso admiten sus más grandes defensores. Un minilateral es una pequeña red basada en la confianza, y en donde se comparten valores orientados en torno a la innovación, la creación y el intercambio de conocimientos. 

El minilateralismo digital describe aquellas redes minilaterales comprometidas con la gobernanza digital y que utilizan la cultura, las prácticas, los procesos y las tecnologías digitales. Aunque están alejados de la política de las grandes potencias, los minilaterales digitales están comenzando a ayudar a los estados a navegar en un entorno de cambios tecnológicos rápidos y problemas de sistemas complejos. ¿Cómo? Facilitando el aprendizaje entre pares, compartiendo la base de códigos y deliberando sobre cuestiones éticas importantes, como el uso adecuado de la inteligencia artificial en la sociedad. El minilateralismo digital proporciona una forma descentralizada de cooperación global que complementa -en lugar de reemplazar-, las posibilidades del multilateralismo.

Un buen ejemplo es Digital Nations, del que forman parte Uruguay y México. Los 10 países miembros se reúnen periódicamente, incluso a nivel ministerial, y comparten ideas, lecciones y proyectos en áreas que van desde la gobernanza digital hasta la tecnología de la información sostenible. Al asumir un rol de liderazgo reflexivo, estos minilaterales digitales podrían volverse influyentes mucho más allá de los confines de los países miembros, tanto como productores y difusores de conocimiento, como mediante el modelado de estructuras organizativas nuevas y más ágiles de cooperación global diseñadas para este siglo.

 

¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que las tecnologías digitales plantean a la administración pública de los países?

— Se necesita una gran cantidad de nuevas capacidades en torno a las tecnologías digitales. Los gobiernos necesitan usar estas tecnologías y regular su uso y desarrollo, y para eso deben establecer una política de innovación para garantizar que sus países aprovechen al máximo las nuevas posibilidades que surgen gracias a la digitalización. El tema es que este proceso requiere de un cierto nivel de alfabetización tecnológica para poder trabajar con el ecosistema tecnológico de manera responsable y eficiente.

En muchos países, los policymakers perciben que la brecha de habilidades del sector público está empeorando y dudan de que una propuesta de valor de los empleados del gobierno pueda ser lo suficientemente competitiva como para atraer el talento de las grandes empresas de tecnología o las empresas emergentes respaldadas por capital de riesgo. Sin embargo, existen programas de incentivos que podrían ayudar a desarrollar experiencia interna. Un ejemplo es la beca Singapore Smart Nation, que ofrece a estudiantes de disciplinas relacionadas con la tecnología financiar su educación universitaria a cambio de un período de servicio público pagado. Este modelo requiere de interés, habilidades y presupuesto.

Un buen punto de partida para los países es decidir qué significa éxito digital. Los índices globales, que ayudan a dar forma a la gobernanza, a menudo se centran en las ganancias de eficiencia. La digitalización puede impulsar la productividad y reducir los costos, pero para garantizar que las tecnologías digitales mejoren las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, debemos ser más creativos. Hay que evaluar y recompensar la digitalización y las políticas del gobierno frente a una gama holística de objetivos, incluida la calidad -de la cual la eficiencia es una parte-, y la rendición de cuentas.

 

¿Qué temas crees que son clave para lograr el éxito de gestiones públicas que apunten a una mejora en la calidad de vida de las y los ciudadanos en América Latina?

— En la región los efectos del cambio climático ya son significativos: resultan en una pérdida media anual del 1,7% del PIB y en que el 48% de los capitales regionales están en riesgo extremo debido a los efectos del cambio climático. Para que los gobiernos sean una fuente de regeneración a gran escala que beneficie a las personas y al planeta a largo plazo, no basta con que estos se centren en la ecologización de la economía. También deben atender a la ecologización de sus propias operaciones, así como a la de la contratación pública. La tecnología tiene el potencial para habilitar esta transición. 

Si bien en América Latina y el Caribe la tecnología gubernamental verde todavía se encuentra en sus primeras etapas, existe la necesidad y la oportunidad para una rápida expansión. Para que el sector crezca a buen ritmo, los responsables políticos deben centrarse en tres áreas clave: el desarrollo del ecosistema, el desarrollo del financiamiento y el aprendizaje e intercambio de experiencias entre los gobiernos de la región. 

En 2018, el Banco Mundial estimó que la contratación pública alrededor del mundo asciende a $11 billones de dólares anuales, que es aproximadamente el 12% del PIB mundial. En comparación, el financiamiento de capital de riesgo global se estima en alrededor de $300 mil millones. Sin embargo, si bien existe una apreciación creciente del papel de la inversión de capital de riesgo en el apoyo al desarrollo de tecnología emergente para abordar el cambio climático, la contratación pública ecológica (GPP, por su sigla en inglés) es mucho menos comprendida y discutida. Es clave invertir en obras, servicios y bienes públicos respetuosos con el medio ambiente. 

Este es un tema que hemos desarrollado con el CAF, en nuestro proyecto Green Technologies in Latin America. Desde el equipamiento de escuelas hasta la construcción de sistemas de transporte, la gestión forestal y los suministros estacionarios, la escala y la confiabilidad del gasto en adquisiciones colectivas de los gobiernos es uno de los instrumentos políticos más poderosos para estimular la innovación que aborda la crisis climática. Como explica Cristina Peñasco, economista ambiental y mi colega del Bennett Institute, GPP no solo contribuye a descarbonizar las organizaciones y operaciones gubernamentales, sino que también puede “crear incentivos y nuevos mercados para productos y procesos sostenibles”, impulsando la demanda de tecnologías verdes en una amplia gama de sectores, desde el transporte hasta la construcción.