Integración de los derechos humanos en la transformación digital de las ciudades junto con CAF y ONU-Hábitat

Cuando la digitalización no es solo un problema técnico, sino uno de diseño público

En América Latina, la transformación digital avanza a pasos agigantados, pero sin una guía basada en los derechos. Muchas ciudades de la región impulsan la digitalización de sus servicios públicos —plataformas en línea para trámites, sistemas de datos abiertos, herramientas de participación ciudadana— sin marcos metodológicos que permitan la incorporación sistemática de dimensiones normativas y basadas en los derechos, como la privacidad, la transparencia, la inclusión y la participación, en los nuevos procesos de transformación. La brecha no se limita a la normativa: es una brecha de diseño.

Esta situación se ve agravada por factores estructurales del contexto latinoamericano. Los equipos municipales se enfrentan a limitaciones en sus capacidades técnicas, a una alta rotación de personal debido a los ciclos políticos y a un acceso limitado a experiencias comparativas. Las agendas de ciudades inteligentes y modernización digital, a menudo diseñadas en el Norte Global o en los niveles centrales de gobierno, priorizan la eficiencia tecnológica sobre la experiencia de las personas y el fortalecimiento institucional a largo plazo. Si bien existían marcos internacionales sobre derechos digitales, estos seguían siendo documentos abstractos, desconectados de las decisiones cotidianas que dan forma a la transformación digital urbana.

A esto se suma una profunda fragmentación: nuestras ciudades tienen necesidades diversas, que abarcan desde la igualdad y la inclusión digital hasta la infraestructura abierta y la rendición de cuentas. Sin embargo, cada ciudad afrontó estos desafíos de forma aislada, sin espacios de aprendizaje entre pares ni herramientas comunes. Los derechos humanos no están integrados en los procesos, las metodologías ni las decisiones que dan forma a la vida digital de las personas en las ciudades.

Diseño de la colaboración: del marco regulatorio a la herramienta aplicable.

El encargo era ambicioso y multidimensional: CAF y ONU-Hábitat solicitaron a UNIT que conceptualizara, diseñara y ejecutara un proyecto regional con el objetivo de situar a las ciudades latinoamericanas en un diálogo global sobre la transformación digital centrada en las personas y con especial atención a los derechos humanos.

UNIT asumió la plena responsabilidad técnica del proyecto: llevó a cabo una investigación de campo con 30 especialistas en derechos digitales de toda la región, diseñó y facilitó el programa de incubación con tres ciudades latinoamericanas, conceptualizó la arquitectura de una Plataforma de Ciudades y Derechos Digitales como un servicio de aprendizaje entre pares y lideró la producción de la primera guía práctica regional que traduce los marcos internacionales de derechos humanos en herramientas de diseño aplicables a la gestión municipal.

En concreto, UNIT actuó como orquestador metodológico de un proceso que reunió a organizaciones multilaterales, gobiernos locales de tres países, una red de más de 30 expertos internacionales y una comunidad de más de 100 funcionarios públicos, transformando un problema global —la digitalización sin un enfoque basado en los derechos— en un conjunto de instrumentos concretos, contextualizados y replicables para Latinoamérica.

UNIT lideró el diseño estratégico y metodológico del proyecto, entendiendo que los derechos humanos no son una capa adicional a la transformación digital, sino un componente estructural de su diseño.El cambio de lógica fue fundamental: no se trataba de elaborar otro documento de principios, sino de construir una arquitectura de servicios que permitiera que los derechos digitales fueran utilizables por equipos municipales específicos.

El trabajo se organizó en torno a tres líneas convergentes. En primer lugar, un proceso de investigación contextualizada que combinó el análisis de marcos internacionales con 30 entrevistas semiestructuradas a especialistas de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, grupos ciudadanos y el ámbito académico de toda la región. Este proceso diagnóstico permitió un examen crítico de los marcos teóricos globales a la luz de las condiciones reales de implementación en las instituciones públicas locales latinoamericanas, identificando brechas comunes y oportunidades para la colaboración intersectorial.

En segundo lugar, UNIT diseñó y facilitó un programa de incubación de tres meses con las ciudades de Ciudad de México, Medellín y Niterói, seleccionadas entre 36 candidatas. El programa incluyó sesiones de colaboración entre equipos municipales, mentoría individual con expertos y mesas redondas virtuales con ciudades europeas como Bruselas, Dublín, Sofía y Tirana. Esta iniciativa colaborativa no solo generó soluciones para cada ciudad, sino que también permitió identificar necesidades replicables a nivel regional.

Paralelamente, el modelo conceptual de la Plataforma de Ciudades y Derechos Digitales se diseñó como un servicio de aprendizaje entre ciudades. Esto implicó definir su propuesta de valor, la lógica de participación, los tipos de contenido y los mecanismos para la activación de la comunidad. La plataforma se concibió como una infraestructura para la colaboración continua, no como un producto puntual.

Finalmente, el desarrollo de la guía práctica regional se convirtió en el eje estructurador del enfoque. Su elaboración combinó investigación, cocreación con funcionarios públicos, diálogo con especialistas y la sistematización de prácticas reales, transformando el conocimiento experto en instrumentos claros para la toma de decisiones públicas. Cada recomendación se organizó en torno a tres dimensiones operativas: fundamentos (marcos regulatorios), estructuras (modelos de gobernanza) y herramientas (acciones prácticas de implementación), distribuidas en seis áreas temáticas de trabajo.

Results

De herramienta local a bien público regional

El proyecto introdujo un cambio cualitativo en la forma en que los gobiernos locales latinoamericanos abordan la transformación digital. Se fortaleció la capacidad institucional de las ciudades participantes para articular sus necesidades de transformación digital en un lenguaje común basado en derechos. Los equipos municipales pasaron de trabajar de forma aislada a formar parte de una comunidad internacional de práctica con acceso a mentoría, experiencias comparativas y recursos metodológicos. Se estableció una infraestructura colaborativa que trasciende el ciclo del proyecto, permitiendo que nuevas ciudades se unan a la red y accedan a herramientas adaptadas al contexto latinoamericano.

El proceso también reveló y sistematizó necesidades transversales en la región: la importancia de fortalecer los equipos de transformación digital, crear mecanismos institucionales a largo plazo que sobrevivan a los ciclos políticos, construir un lenguaje común sobre derechos digitales y restablecer la confianza entre los ciudadanos y las instituciones públicas.

El valor estratégico de este proyecto trasciende sus resultados específicos y se enmarca en un debate más amplio sobre cómo Latinoamérica configura su relación con la tecnología. En una región donde el 33% de la población urbana vive en la pobreza y la desigualdad de ingresos sigue siendo un problema estructural, la transformación digital no puede ser un mero ejercicio técnico. Se trata de un proyecto de desarrollo público que exige situar a las personas —y sus derechos— en el centro de cada decisión.

Este proyecto demuestra que es posible construir bienes públicos regionales mediante procesos de innovación colaborativa: una guía que no prescribe soluciones universales, sino que ofrece marcos adaptables; una plataforma que no solo difunde contenido, sino que también facilita el aprendizaje entre pares; y una comunidad que no depende de un evento aislado, sino de una infraestructura colaborativa sostenida. Este enfoque de diseño de servicios, aplicado a la gobernanza digital, ofrece un modelo replicable para otros desafíos de política pública en la región.

El proyecto también contribuye a cerrar una brecha crucial: la que existe entre los marcos jurídicos internacionales sobre derechos digitales y la capacidad real de los municipios latinoamericanos para implementarlos. Al traducir la complejidad de los marcos globales en herramientas aplicables a contextos municipales específicos, el proyecto sienta un precedente para futuras iniciativas de cooperación internacional que busquen fortalecer las capacidades locales sin imponer modelos estandarizados.

La colaboración entre CAF, ONU-Hábitat, la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales y UNIT, como orquestadora metodológica, establece un modelo de colaboración intersectorial que demuestra cómo las organizaciones multilaterales, las consultoras de diseño público y los gobiernos locales pueden trabajar juntos para generar transformaciones sistémicas. En un momento en que las agendas digitales se definen a un ritmo acelerado, este tipo de ecosistema productivo es esencial para que las ciudades latinoamericanas no solo adopten la tecnología, sino que también diseñen activamente su futuro digital.